“Este es un proyecto que desde hace muchos años la región de Antofagasta está esperando. La recaudación minera ha resuelto problemas sociales por décadas, sin embargo, las regiones donde se explota el mineral no han recibido lo que por justicia merecen para su propio desarrollo”, enfatizó el senador.

Asimismo, el parlamentario y vicepresidente del Senado pidió mediante oficio el patrocinio del Presidente de la República, ya que, por tratarse de una iniciativa legal que otorga recursos directos a una región, requiere del patrocinio del Ejecutivo.

En este sentido, el senador Gómez aseguró que espera que el Presidente Piñera patrocine la iniciativa, que en agosto del 2009 fue presentada a la ex Presidenta Bachelet.

“Lamento profundamente que mí gobierno, a través del ministerio de Hacienda, no quisiera considerar al Fondenor dentro de sus prioridades. Por esto, esperamos que ahora Piñera patrocine la iniciativa, puesto que durante su campaña aseguró que esta iniciativa representaba su compromiso con las regiones y que formaba parte de su programa de gobierno”, sostuvo.

De esta forma, se reactiva el trabajo del senador Gómez para que la región de Antofagasta reciba más recursos de la minería para alcanzar un desarrollo acorde a sus necesidades y a lo que históricamente ha aportado al país en materia económica.

Dijo que esto demuestra el rico potencial que goza la zona para concretar iniciativas energéticas por medio del aprovechamiento del viento, y que en definitiva buscan el recambio de matriz energética para la zona en un mediano plazo, en una primera etapa.

El parlamentario también resaltó que una vez que se adjudiquen estos proyectos, otro aspecto positivo para la zona será la generación de nuevos puestos de trabajo, en donde espera que un alto porcentaje corresponda a mano de obra local y que será una tarea de las autoridades para fiscalizar esta situación.

Interesado en saber más del tema, el senador Gómez, en su calidad de miembro de la Comisión de Minería y Energía, sostuvo una reunión en el Senado con representantes de la empresa alemana JUWI, experta en energías renovables. Dicha firma cuenta con mil ochocientos mega-watt en proyectos eólicos y solares, y dentro de su proceso de expansión, planea invertir en Chile, visitando distintos lugares de la zona, entre ellos el parque eólico de Quillagua ubicado a tres kilómetros del pueblo de Quillagua, a orillas del Río Loa.

“Si bien la región y el norte en general necesita un recambio gradual de su matriz energética, no es menos cierto que los pasos previos a la adjudicación de una licitación no puede tener equivocaciones y de, esta manera, la empresa o empresas que se ganen las obras cumplan con todas las normas de impacto ambiental”, afirmó.

De esta forma, el parlamentario explicó que anualmente la Ley de Presupuestos destina recursos al Fondo de Innovación a la Competitividad (FIC), dineros que corresponden a una parte de las recaudaciones que el Estado obtiene por concepto del denominado Impuesto Específico o “Royalty” y al cual están afectas las empresas dedicadas a la actividad minera en el país.

Gómez puntualizó que esta indicación al Fondo de Innovación para la Competitividad tiene semejanzas con el denominado Proyecto de Fondo para el Desarrollo del Norte (Fondenor) -propuesta que aún está a la espera de la respuesta por parte del Ejecutivo-, puesto que no solamente busca entregar más dinero a las regiones que tienen como principal economía la explotación de sus recursos minerales no renovables, sino que también a que la distribución que se haga se éstos, sea en relación a la participación de la actividad minera de cada región en el total de la actividad minera del conjunto de regiones.

El parlamentario explicó que la idea es que del total del impuesto específico se calcule un 25 por ciento como mínimo y sean asignados dineros adicionales, en forma paralela, para que sean enviados a las regiones mineras, los cuales tendrán carácter acumulativo y administrados por el Gobierno Regional para su asignación a iniciativas de fomento productivo y desarrollo.

Precisó que las platas que recibe este fondo son solamente una parte del total de los recursos del Royalty, y que sin duda no son suficientes, especialmente para las regiones que centran su economía en la explotación de la minería, siendo Antofagasta una de las más importantes del país.

El parlamentario explicó que el CDE está analizando en profundidad y con todos los antecedentes, la posibilidad de iniciar una demanda por daño medioambiental. “Eso significa que la empresa repare lo que ha destruido y buscar fórmulas de indemnización. Ya basta de ir a mirar lo que está pasando, ahora hay que actuar con rapidez frente a lo que está ocurriendo en un lugar que es de conocimiento internacional”.

Además, el presidente del Partido Radical adelantó que pedirá a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, que declare al Tatio como Monumento Nacional, “porque eso va a impedir que ahí se produzca daño ambiental de la forma que hoy estamos conociendo”.

Gómez criticó que los asuntos ecológicos en Chile no tengan la protección necesaria y aseguró que ese un tema fundamental que el Gobierno debe abordar y asumir. “Nosotros estamos porque las empresas responsables de esto se haga cargo. Aquí es responsable una empresa internacional y también dos empresas del Estado, por lo tanto hay que actuar con la mayor prisa para evitar que esto siga produciendo daño ambiental”.

Con respecto a las comunidades aledañas al Tatio, Gómez insistió en que tienen que recibir necesariamente una indemnización y que por eso que es tan importante la acción del CDE. “Es necesario que de esto saquemos una lección: hace mucho tiempo que la gente de la zona estaba diciendo que trabajar sobre el Tatio y buscar energía en ese lugar iba a significar un rompimiento del sistema ecológico. Por eso esperamos que se demande y que indemnización sea lo suficientemente reparatoria”, agregó.

El timonel radical informó que el CDE está revisando todos los antecedentes técnicos, incluido el de la suspensión de los trabajos, para realizar un análisis profundo con el fin de defender las reservas ecológicas nacionales. “Estamos convencidos de que se tomarán medidas y que el estudio llevará a que se logre reparar lo que se ha producido como daño ambiental”, aseguró.

Por su parte, el diputado radical por Calama, Marcos Espinosa, adelantó que pedirá que se retiren los permisos a la empresa Sociedad Geotérmica del Norte para explorar en ese sector. “La empresa ha sido multada en anteriores oportunidades por incumplimiento de los protocolos para los procesos de exploración y hoy estamos frente a un incidente que, a todas luces, está provocando un serio daño ambiental”, indicó.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) elaboró un informe en el año 2004, titulado “Budgeting in Chile” (“Presupuesto en Chile”), en el que destaca las virtudes de la administración financiera del Estado chileno, haciendo una salvedad al calificar como “altamente inapropiado” al régimen presupuestario militar, en lo que respecta al ámbito de las finanzas públicas.

Éste es uno de los principales argumentos esbozados por el Ejecutivo en el proyecto de ley ingresado la semana pasada a la Cámara de Diputados, para crear un nuevo sistema de financiamiento de la Defensa Nacional y de paso, derogar la Ley Reservada del Cobre (N° 13.196) que otorga el 10% de las ventas al extranjero y subproductos de Codelco a las Fuerzas Armadas.

Esta es una normativa que data del 1 de enero de 1958 y cuyo contenido -dado el carácter reservado de la ley- sólo fue publicado en una edición restringida del Diario Oficial.

Creada al finalizar el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, la Ley Reservada del Cobre estipulaba inicialmente un impuesto de un 15% de las utilidades del cobre, destinado a asegurar un mínimo de recursos para que las Fuerzas Armadas adquieran armamentos, independiente de la contingencia política.

En 1971, bajo la administración del Presidente Eduardo Frei Montalva, se fijó el aporte en un 3% y en los años 70 se estableció que fuese de un 10%.

Durante el régimen del general Augusto Pinochet (1973-1990), la normativa fue modificada por última vez y en 1987 se estableció la entrega del 10% del total de las ventas de cobre al extranjero y sus subproductos por parte de Codelco, fijándose un monto mínimo de 180 millones de dólares. Si no se alcanza a cumplir dicha cifra, el Fisco debe asumir la diferencia.

Estos dineros se depositan en dólares en una cuenta del Banco Central en el exterior, los que son administrados por el Consejo Superior de la Defensa Nacional (Consudena), organismo encargado precisamente de administrar el gasto de las leyes reservadas relacionadas con implementos de uso militar.

Los fondos son repartidos en partes iguales entre el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, los que por separado articulan un proyecto elaborado sobre la base de criterios técnicos y económicos, y visado por el Consudena, el Ministerio de Defensa y el Presidente de la República. Éste último es quien finalmente aprueba la compra del material bélico y el equipamiento militar.

Los puntos más discutidos de la Ley del Cobre

Su carácter de “reservada” le ha otorgado a esta ley un aura de secretismo que no ha ayudado a restarle controversia en los últimos años, no sólo porque el dinero es utilizado para financiar las compras militares de las Fuerzas Armadas, sino además porque estos fondos no se rigen por las normas sobre manejo de recursos fiscales vigentes, sino por normas de excepción que permiten tomar créditos y no entregar información sobre las deudas.

Estas normas excepcionales le confieren cierta libertad de acción a la Defensa Nacional para la compra de armamentos, que no es bien vista por algunos sectores.

Empezando por el hecho que este gasto militar no se somete a la discusión del Congreso, como ocurre con todo el resto del Presupuesto de la Nación cada año, y tampoco las inversiones realizadas por las Fuerzas Armadas son analizadas posteriormente por los parlamentarios. Sólo son analizadas administrativamente por la Contraloría General de la República, pero ésta tampoco puede pronunciarse sobre la materia.

Pero en el fondo, lo que más se discute es precisamente que la mayor o menor compra de armamento varíe según el precio del cobre, ya que esta dependencia genera que el gasto militar pueda alejarse desproporcionadamente de la realidad, tanto en exceso como en déficit.

Es decir, en una época en que el metal rojo ha alcanzado los precios más altos de su historia, como ha ocurrido en los últimos años, el consiguiente gasto militar puede ser más elevado del que realmente necesite el país o viceversa.
Lo que propone el proyecto de ley

La iniciativa enviada por la Presidenta Michelle Bachelet al Congreso para crear un nuevo sistema de financiamiento para las Fuerzas Armadas, reincorpora el gasto militar en armamento a las partidas de la Ley de Presupuesto en materia de Defensa Nacional.

De esta manera, tanto el Ejército como la Armada y la Fuerza Aérea deberán elaborar anualmente un presupuesto a cuatro años plazo, el que será analizado y aprobado por el Congreso durante la discusión del Presupuesto de la Nación.

Se crea, además, un “Fondo de Contingencia” -regulado en conjunto por los ministerios de Hacienda y Defensa-, que permitirá contar con recursos adicionales, en caso de ser requeridos en situaciones excepcionales como guerra, crisis o catástrofes.

Reformas valoradas desde el propio mundo castrense, donde el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, quien en su calidad de actual director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, comentó en una columna publicada por el diario El Mercurio que “la imagen y transparencia de las Fuerzas Armadas se protegen, ya que han sido presentadas como depredando a Codelco, gozando de regímenes excepcionales o gastando sin control”.

Aunque agrega algunas observaciones: “La correcta participación del nivel político y civil, con nuevas e importantísimas decisiones, choca con la indefinición en la organización de un Ministerio hasta la fecha precario. También se aprecia un problema por la falta de vocación -salvo excepciones- del mundo político, que no ha adquirido conocimientos propios de las tareas que debería asumir. En países democráticos y avanzados, incluso en el Parlamento, hay oficinas político-estratégicas donde interactúan civiles y militares, pero nada de eso aparece en las reformas”, aseguró.
Visión de los parlamentarios

En la Cámara de Diputados, serán los integrantes de las comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda, los encargados de analizar el mensaje del Ejecutivo en su primer trámite legislativo. Aunque entre los parlamentarios ya existen opiniones claras y algunas divergencias respecto a la oportunidad en que se tramitará esta materia, más que sobre el contenido mismo de la iniciativa.

La diputada María Angélica Cristi (UDI), que forma parte de la primera de las comisiones citadas, señala tajantemente que “es inoportuno plantear una materia tan compleja, que compromete la modernización de la defensa e incluso la seguridad del país, precisamente en este momento”.

La parlamentaria se refiere específicamente al contexto de las relaciones bilaterales con los países vecinos. “Nos preguntamos cuál es la razón para dar una señal equivocada, cuando Perú ha hecho una presentación ante el Tribunal de La Haya para revisar nuestro límite marítimo y Bolivia persiste en su histórica demanda”.

Paralelamente, Cristi asegura que otros países de la región incluso están estudiando la Ley Reservada del Cobre “con el propósito de establecer un mecanismo similar, que les permita renovar su material de defensa en forma periódica”.

Una visión diferente plantea el diputado Antonio Leal (PPD), quien junto a su colega Jorge Burgos (DC), entregó al Ministerio de Defensa del anterior gobierno del Presidente Ricardo Lagos, una propuesta para terminar con esta ley.

“Yo creo que es muy importante que el gobierno ingrese este proyecto justo en este periodo, cuando todos los candidatos presidenciales se han comprometido a terminar con este tema, por lo que no hay que esperar, hay que votarlo ahora no más”, dijo.

“Este es un proyecto clave, ya sea desde el punto de vista de Codelco como desde la transparencia en el gasto militar. Esta es una mochila muy pesada que Codelco ha tenido durante estos años, por la que ha entregado más de 10 mil millones de dólares a las Fuerzas Armadas”, sostuvo el legislador.

“En el mundo de hoy, se requiere total transparencia respecto al gasto militar y Chile no la tiene porque resuelve una parte sustantiva del presupuesto militar a través del Parlamento y de la Ley de Presupuestos, pero hay una caja negra que es la Ley Reservada del Cobre que no es conocida por la opinión pública internacional y los gobiernos”, concluyó.

Fuente: BCN

El popular documento será entregado primero de octubre a la Presidenta Michelle Bachelet, el Intendente de Antofagasta y el Gobernador de El Loa. Este documento contará con las firmas de más de 50 mil Calameños que se recolectaron en las fondas de Fiestas Patrias ubicadas en el Parque El Loa.

El documento contiene muchas demandas, la más importante es la restitución de la ley 11.828, para dejar el 5 % de las utilidades del cobre en las zonas productoras y que estos recursos sean administrados por el municipio respectivo.
Además, como una forma de generar las condiciones básicas sobre las cuales es posible construir el desarrollo de Calama, se presenta cuatro puntos:

1) Renacionalización del cobre y del agua.

2) Declaración de Calama como Zona Extrema.

3) Compensación por parte de Codelco, del traslado del Campamento de Chuquicamata.

4) Compensación única de US$ 400.000.000 para superar brechas que permitan lograr un nivel básico de ciudad. Este monto único, debe ser entregado a modo de compensación por los 34 años en que Calama no ha contado con recursos provenientes de las utilidades del cobre.

Frente a todo esto, Esteban Velásquez, declaró: “ya basta de que los dueños del país decidan que hacer con nuestra riquezas, me rebelo a la cultura centralista y exigimos una parte de las ganancias del cobre”, puntualizó el Edil.

Fuente: Radio Sol

La costa de la región de Antofagasta una vez más se ve afectada por el derrame de petróleo de una nave extranjera, ya que en esta ocasión Mejillones lamenta que el buque de bandera maltesa Liquid Challenge haya filtrado a sus aguas una cantidad aún indeterminada de aceite.

El parlamentario recordó que hace un par de años fue el Buque “Eider” el que causó un desastre medioambiental en las costas de Antofagasta, el que no solamente provocó daño al ecosistema marino, sino que también perjudicó significativamente a los pescadores artesanales de la ciudad, quienes después de largos meses en tribunales lograron una indemnización.

Por ello, Gómez confía en qua las autoridades regionales efectuarán una minuciosa investigación de este hecho que afecta a la comuna de Mejillones, y que se dispondrán de los profesionales idóneos con el fin de determinar el real daño causado al medioambiente marino.

Expresó que en el futuro también “se deben que realizar una inspección más rigurosa a la naves que ingresan a las costas nacionales, especialmente de aquellas que transportan petróleo u otros sustancias que, en caso de derrame, afecten irreparablemente al ecosistema marino”.

El senador reiteró su preocupación por este lamentable hecho que afecta a la costa de Mejillones, por lo que llamó a ser enérgicos en la aplicación de la norma para las sanciones en contra de la nave que derramó el combustible, porque “es inaceptable que se sigan repitiendo situaciones de esta naturaleza en contra de un recurso natural de tanta importancia para nuestro país”.